El PP, con esta iniciativa, se hacía eco de las demandas que vienen expresando asociaciones de consumidores y usuarios que recuerdan que pagar una hipoteca le supone a los españoles, de media, el 46 % de los ingresos que perciben. La reforma hubiera beneficiado a dos de cada tres castellano manchegos que tienen contratada una hipoteca reduciendo sus pagos anuales entre 3.000 y 6.000 euros

La senadora y portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, ha criticado que los senadores del PSOE de Castilla La Mancha hayan vuelto a ponerse en contra de los consumidores, tras defender con su voto las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Carmen Riolobos, en calidad de portavoz de Consumo en el Senado –junto con el senador segoviano Francisco Vázquez, planteó una proposición de Ley para reformar los “suelos” y “techos” de las hipotecas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que hubiera beneficiado a dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca.

Riolobos ha resaltado que el PP, con esta iniciativa, se hacía eco de las demandas que vienen expresando asociaciones de consumidores y usuarios, y que afecta a mas de 3 millones de españoles, que vienen denunciando desde hace tiempo la existencia en los créditos hipotecarios de cláusulas que impiden a los usuarios beneficiarse, por ejemplo, de un euribor más bajo, ya que se les hace firmar techos del 14% o 15%, que las entidades financieras saben que nunca se alcanzarán, mientras que los suelos se sitúan entre el 3% y 5%.

La senadora indicó que “es imprescindible poner límites al suelo de las hipotecas y recordó que muchas de las cláusulas aplicadas no suelen estar recogidas en la publicidad de los contratos de préstamos y en muchos casos no se advierte de su existencia a los consumidores, lo que es una clara falta de transparencia”.

Según la parlamentaria popular, algunas entidades financieras hacen interpretaciones cuando menos dudosas de la legislación de protección de los consumidores y usuarios, impidiendo por contrato repercutir las bajadas del euribor de las hipotecas en los préstamos. “Estas prácticas –expresó- pueden considerarse abusivas dentro del sector bancario, toda vez que su finalidad es impedir que las cuotas de las hipotecas se revisen en su totalidad con los descensos del euribor”.

Riolobos indicó que pagar una hipoteca le supone a los españoles, de media, el 46 % de los ingresos que perciben y explicó que la falta de un límite en el suelo de la misma le puede suponer a una familia entre 3.000 y 6.000 euros al año, lo que en el caso de los mileuristas es un auténtico drama.

Recordó que sobre este asunto el Senado había aprobado el pasado 23 de septiembre de 2009 una moción parlamentaria, a propuesta del PP, en la que se pedían medidas para evitar estos abusos. Ante el incumplimiento de la moción, desatendida por el Gobierno diez meses después, los populares han reclamado al pleno del Senado que comience la tramitación de una reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La reforma consiste en la introducción de un nuevo artículo, el 90 Bis, para regular las cláusulas suelo y techo y tipificar en qué caso son abusivas, y una disposición adicional, para que el Gobierno apruebe en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma las modificaciones reglamentarias necesarias.

La propuesta del PP considera cláusulas suelo y techo aquellas predispuestas por las entidades de crédito en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria a tipo de interés variable, que tienen la función económica de limitar hasta un tope un escenario de bajada de tipos de interés (cláusulas suelo) y, paralelamente, acotar una subida de tipos hasta un tipo prefijado por la propia entidad (cláusula techo). Asimismo, se consideran cláusulas abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente que en contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria fijen un límite a la variación a la baja (cláusulas suelo) del tipo de interés variable contratado que resulte mayor al 40% del valor de índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en contrato.

Con el rechazo a esta propuesta, el PSOE, según Riolobos, vuelve a ponerse contra los consumidores, a los que ha dado golpe tras golpe, subiéndoles los recibos de la luz más de un 50 por ciento desde 2004, subiéndoles el IVA y bajándoles sus sueldos y pensiones.